domingo, 26 de julio de 2009

LA HAYA CASO: RÍO SAN JUAN




BlogsPeru.com


Hoteles


ANTECEDENTES

El río cubre aproximadamente 120 kilómetros entre las localidades nicaragüenses de San Carlos, en la margen suroriental del Lago Cocibolca -más conocido como Lago Nicaragua-, y San Juan de Nicaragua, en el sur de la costa atlántica (caribeña).

Los dos países mantienen diferencias respecto a la interpretación del Tratado Cañas-Jerez, acuerdo que suscribieron en 1858 y que otorgó a Nicaragua la soberanía sobre el río pero cedió a Costa Rica el derecho de navegación exclusivamente comercial.

La disputa se revivió en 1998 cuando Nicaragua impidió a unos policías costarricenses navegar armados por el río San Juan. Luego de lo cual, según indica el ministerio constarricense, las autoridades nicaragüenses continuaron limitando la navegación de embarcaciones costarricenses de manera general.

Costa Rica interpuso la demanda contra Nicaragua ante la CIJ en 2005, después que las autoridades de Managua prohibieran en 1998 a los policías costarricenses navegar armados por el río fronterizo, que es de soberanía nicaragüense, y tras dar por agotadas conversaciones que se iniciaron en 2002 y que se extendieron durante tres años.

Costa Rica reprocha a Nicaragua "impedirle disfrutar libre y plenamente de los derechos que posee sobre el río San Juan (...) y cumplir con sus responsabilidades, en virtud de varios acuerdos concluidos con Nicaragua", indica en un comunicado la CIJ, principal órgano judicial de la ONU.

Según Costa Rica, que ya recurrió a la CIJ en 2005, un tratado de 1858 reconoce la soberanía de Nicaragua sobre el río San Juan, pero le confiere "derechos importantes" confirmados luego por la jurisprudencia.

Costa Rica denuncia que Nicaragua ha "impuesto" en ese río, sobre todo desde finales de los años 1990, "restricciones" a la "navegación de barcos costarricenses y a sus pasajeros", y pide ahora indemnizaciones.

Pero Nicaragua desestima las acusaciones costarricenses, puesto que nunca ha impedido el libre tránsito de embarcaciones y sus pasajeros, sino de guardias ticos armados, lo cual es una flagrante violación de la soberanía nicaragüense.

Además, con mucha frecuencia empresarios costarricenses bajo el apoyo encubierto de los gobiernos de San José, introducen en forma semiclandestina a Nicaragua, a través del Río San Juan, a grandes cantidades de turistas norteamericanos, canadienses y europeos, a quienes les engañan diciéndoles que están en zonas de Costa Rica.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica confirmó el viernes "su respeto absoluto" por las decisiones que tome la CIJ y afirmó que confía en que dicha instancia otorgue "una resolución pacífica" a la controversia mediante "un fallo que brindará certidumbre jurídica en cuanto a los derechos reclamados".

Gran parte de la cuenca del Río San Juan se encuentra en territorio costarricense. Por ello, en noviembre pasado, la cancillería de Nicaragua expresó preocupación ante la decisión del gobierno de Costa Rica de permitir la explotación de una mina de oro que afectaría a la cuenca del río.
*
Nicaragua expresó al gobierno de Costa Rica su "preocupación" por la viabilidad ambiental del proyecto de explotación de una mina de oro en la comunidad de Las Crucitas (a unos 3 km de la frontera con Nicaragua) cedida a la empresa canadiense Infinito, S.A, señala la comunicación.

La cancillería menciona que, en base a información de grupos y organismos ambientales, expuso a las autoridades costarricenses que el estudio de impacto ambiental de la empresa concesionaria no incluye las posibles afectaciones ni contaminación en el río San Juan, las reservas y los pobladores de las zonas aledañas.

Al respecto, demandó una revisión oficial de la resolución de viabilidad ambiental emitida por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y los estudios de impacto ambiental que rolan en el proceso.

Grupos ambientalistas de Costa Rica se oponen a la explotación de la mina de oro ya que supondría la tala de un bosque de 262 hectáreas habitado por numerosas especies animales y vegetales, algunas en peligro de extinción.

Jurídicamente, Nicaragua no tendría por qué perder el fallo inapelable que hoy (a las 3:00 de la mañana, hora de Managua) la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, pone fin a la disputa de Costa Rica por la supuesta violación a sus derechos de navegación en el nicaragüense río San Juan.

Sin embargo, la defensa del país fue descuidada y flexible durante las audiencias orales concluidas en marzo, e incluso habló de que el Gobierno estaría abierto a negociaciones con la nación vecina, y aunque sería “remoto”, no resultaba imposible que la Corte cediera a Costa Rica algunas de sus demandas de navegación y transporte de personas en el río, con la previa regulación de Nicaragua.

El jurista y experto en derecho internacional, Mauricio Herdocia Sacasa, que hasta enero del 2007 fungió como agente nicaragüense para el caso, analizó para LA PRENSA los dos posibles escenarios del fallo de la Corte Internacional, con sus variantes eventuales.

SOBERANÍA INCUESTIONABLE


El 29 septiembre del 2005 Costa Rica demandó a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, por las supuestas violaciones a sus derechos de navegación armada, turística y comercial en el río San Juan, contra lo que Nicaragua ha alegado que Costa Rica intenta alterar el Tratado Jerez-Cañas, firmado por ambos en 1858.

El artículo seis de ese tratado establece que “Nicaragua tendrá exclusivamente el dominio y sumo imperio sobre las aguas del río San Juan” y la navegación de Costa Rica será perpetua, pero únicamente con “objetos de comercio”.

Pero Costa Rica pretende que se reconozca el derecho de permitirle que en el río naveguen botes costarricenses con pasajeros, sin ningún impedimento, incluyendo el transporte de pasajeros y turistas. Incluso, pidió una “reparación” a Nicaragua, durante las audiencias orales celebradas ante la CIJ, en marzo pasado.

Herdocia explica que en este sentido el fallo de esta madrugada (10:00 de la mañana, hora de Holanda) ofrece “la posibilidad de cerrar para siempre ese ciclo de interpelaciones que Costa Rica ha venido realizando” sobre el tratado.

El experto advierte, sí, que “en primer lugar el río San Juan está sellado con el candado de la soberanía, otorgada a Nicaragua en el Tratado Jerez-Cañas de 1858”, ratificado con el laudo del presidente estadounidense Grover Cleveland, en 1888.

Por esto, Herdocia sostiene que “aún en los escenarios más pesimistas no puede evadirse esa monumental verdad histórica, geográfica y jurídica: el Tratado Jerez-Cañas reconoce el dominio y sumo imperio de Nicaragua sobre las aguas del río San Juan” y, enfatiza, “ésta no es una expresión retórica, sino, tiene consecuencias en el ámbito de los poderes y facultades regulatorias y de control que Costa Rica niega a Nicaragua, pero que son inherentes a esa soberanía nacional”.

EL ESCENARIO OPTIMISTA: “ESTRICTAMENTE JURÍDICO”


El primero de los escenarios considerados por Herdocia es el más optimista: uno estrictamente jurídico, al cual él ha estado apostando.

“Dentro de este escenario estrictamente jurídico”, explica, “la Corte, cuyas resoluciones están destinadas a ver las aristas jurídicas de una situación, fallaría en base a una interpretación estricta del Tratado Jerez-Cañas, en base a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y el sentido usual de los términos utilizados en aquella época (1858)”.

Con esa perspectiva, consideró que “la Corte concluiría que la frase ‘con objetos de comercio’, equivale, como efectivamente afirma Nicaragua, a un comercio de mercancías, bienes y artículos de comercio”.

“Entonces —agrega Herdocia— la Corte le da la razón a Nicaragua y constata que la frase debe interpretarse de esa forma, sustentándose en varios elementos: uno que las limitaciones a la soberanía no se presumen, (sino que) deben estar expresamente estipuladas y el tratado no dice nada sobre transporte de pasajeros, turistas o navegación armada”, como quiere Costa Rica.

Según Herdocia, el segundo de esos elementos es que “los antecedentes del Tratado Juárez-Cañas (1857), que antecede al Jerez-Cañas, habla de ‘artículos’ de comercio” e igualmente, “los antecedentes históricos (hablan) sobre la pretensión costarricense de salir al mar con el café para sus exportaciones a Inglaterra, que es un fruto, es decir, artículo de comercio”.

El tercer elemento que para Herdocia sustentaba un fallo estrictamente jurídico es que “los diccionarios de la época hacían coincidir la frase objetos comerciables con objetos de comercio”, a los que hace alusión el tratado y el laudo Cleveland.

Herdocia explica que dentro de este escenario, la Corte indicaría que Nicaragua como soberana del río San Juan “tiene derecho a imponer sus controles regulatorios y poderes normativos en relación a la navegación con objetos de comercio, siempre que sean proporcionables y razonables”.

Mientras que sobre la navegación armada, “la misma interpretación del texto llevaría a la Corte a negar la existencia de un pretendido derecho (costarricense) de recambio y abastecimiento de los puestos fronterizos y el transporte de armas, avituallamientos y municiones”, dice Herdocia.

“La Corte —añade el experto— haría notar que ese pretendido derecho no tiene nada que ver con ‘el derecho de navegación con embarcaciones del servicio fiscal’, establecido en el laudo Cleveland de 1888, pero ligado y conexionado al goce mismo de los objetos de comercio y en la medida en que sea realmente necesario”.

“En ese escenario gana Nicaragua y la Corte apoya el reconocimiento del derecho, ya establecido en el laudo, sobre el dragado de Nicaragua para recuperar las aguas del río San Juan a los niveles de 1858”, concluye Herdocia sobre la primera y más optimista de las posibilidades de fallo.




FALLO JURÍDICO CON POSIBLE NEGOCIACIÓN


Pero Herdocia también previó un segundo escenario, menos optimista, que era un fallo jurídico “pero con algunos elementos de negociación”.

En ese escenario, Herdocia aclara que la Corte retomaría las expresiones de negociaciones entre las partes, las mismas a que se refirió el equipo de abogados nicaragüenses durante las audiencias orales de marzo.

Así, dice, “la Corte podría sentirse tentada eventualmente a indicar que el derecho de Costa Rica a la libre navegación con ‘objetos de comercio’, interpretado como mercancías, no ha sido reglamentado con detalle y sería bueno, para evitar problemas futuros entre las partes, definir con precisión las regulaciones concretas a las que estaría sometido el ejercicio práctico de este derecho”.

Según Herdocia, con ese fallo, incluso “la Corte podría pedir a las partes que negocien o consulten un texto que deje clara la situación referida a los horarios, pagos, uso de banderas, paradas, controles, documentación, etcétera”.

Herdocia valoró que “este escenario no es malo para Nicaragua, por cuanto se mantienen las premisas básicas del tratado de límites de 1858”.

VARIANTES PELIGROSAS


Sin embargo, Herdocia consideró también una variante “más remota, pero no imposible”, a ese segundo escenario.

Con esas variantes, Costa Rica podría obtener derechos más amplios, como los que reclama en su demanda contra el país, es decir que la Corte ubique algunos tipos de transporte para residentes de la zona, pasajeros y turistas, dentro del marco de una regulación consultada entre los dos países.

“A mi juicio esto es remoto, pero no imposible, especialmente en el ámbito del transporte y comunicación de las personas que residen en el banco derecho inferior del río”, comentó Herdocia.

NAVEGACIÓN ARMADA BAJO NINGÚN CONCEPTO

El reclamo costarricense, que Herdocia sostiene que no tendría cabida en ninguno de los escenarios del fallo y en ninguna de sus variantes, es el de la navegación armada.

“Creo que el escenario previsible es que la Corte diga que el tipo de navegación de relevo y aprovisionamiento del personal fronterizo, incluido el transporte de armas solicitado por Costa Rica, no forma parte del tratado interpretado por el laudo”, precisa Herdocia.

En conclusión, el ex agente nicaragüense, de este caso ante La Haya, no vio ningún “escenario fatal para Nicaragua”.

“En ningún caso previsible, lo que obtenga Costa Rica no será ni todo lo solicitado, ni la parte toral de sus pretensiones, ni en la medida en que lo desea. Confío en que prevalezca el candado de la soberanía, que aún si se llega eventualmente a otros escenarios se va a preservar el poder soberano de regulación inherente al dominio y sumo imperio de Nicaragua”.


CONCLUSIONES


Costa Rica logró un resonante éxito diplomático en la Corte Internacional de la Haya, al ser atendidas 7 de 9 demandas para la libre navegación en el río San Juan y dejar sentadas las bases en la recuperación de sus derechos, en una clara legitimación e interpretación correcta del Tratado Cañas – Jerez del 15 de abril de 1858.

El Tribunal reconoció a Costa Rica una libre navegación con fines comerciales, a la vez que la exoneró en el pago de visados nicaragüenses y tarjetas de turistas, pero quizá lo más esencial: concede a los habitantes del lado costarricense del río el derecho a circular para llegar a las diferentes comunidades a lo largo el cauce y así suplir necesidades esenciales del diario vivir que implican trasladarse sin restricciones.

Debido a que Costa Rica, carece de ejército y es una nación civilista y pacifista, así reconocido en el mundo, creemos que la prohibición para el transporte de tropas o policías ticos, no nos afectará sobremanera porque hay otros intereses supremos, como es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ribera.

Consideramos que el Estado costarricense no tiene intenciones expansionistas- guerreristas ni pretende atentar contra la soberanía nicaraguense con fines invasores o desembarco de tropas porque como nación civilista no basa su desarrollo en el número de hombres armados, sino en maestros y maestras en las aulas para disipar el fantasma de la ignorancia.

Pero el fallo va más allá, en logros para la cancillería costarricense y el equipo negociador, porque permite a los vecinos que habitan a la orilla del río San Juan disfrutar de la pesca con fines alimentarios, echando abajo una restricción descabellada de Managua al impedir a los nuestros aprovechar las especies para subsistencia.

Nicaragua, en una posición errónea y malvada, argumentaba su soberanía sobre el río San Juan al regular el tráfico a su antojo, pero de ahora en adelante deberá soportar a sus vecinos en el uso común de las aguas, so pena de ser llevado a la Comisión de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas en caso de desacato, debido a que el fallo de la Corte Internacional de la Haya es inapelable.

Otra de las restricciones medulares para Nicaragua es que no podrá detener a ninguna embarcación costarricense en tránsito una vez inspeccionada por autoridades de ese país a la salida o a la entrada, ya sea en el transporte de pasajeros ticos o turistas.

De ahora en adelante Costa Rica verá aumentar su turismo ecológico en la región al conceder este Tribunal prerrogativas tales como el no pago a Nicaragua de tarjetas de turistas tal como lo habían establecido arbitrariamente los “pinoleros” y aparte de esto obliga a esa nación a emitir certificados de salida a las naves sin que el país pague un sólo cinco por esta gestión administrativa.

Finalmente, en materia de semántica e interpretación del añejo Tratado Cañas – Jeréz, el Tribunal de la Haya dio una lección a Nicaragua al darle la razón a Costa Rica sobre el significado de la palabra “objeto”.



La Corte primero determinó si la frase “con objetos de “significa “para los propósitos de” (como Costa Rica afirma) o “con artículos de “como sostiene Nicaragua. Al final la Corte sostiene en su fallo que la posición nicaragüense es insostenible, por no decir errada, porque debe interpretarse “con propósito de comercio”, lo cual deja al país en libertad para transportar mercaderías por el San Juan a perpetuidad.

En síntesis, Costa Rica tuvo el éxito diplomático más sonado de los últimos tiempos y manda a Nicaragua a mascullar en silencio la interpretación correcta, sin que tenga cabida apelación alguna o reticencia sobre lo actuado y además cualquier acto de insubordinación es objeto de reprimenda internacional o pena.

Nos parece oportuno el pronunciamiento hoy de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica al convertirse en garante del fallo, pero sobre todo vigilante de que no se violen los acuerdos, a la vez de su llamado para que se atiendan ahora, y sin pretextos, las necesidades de infraestructura, servicios de salud, trabajo, seguridad y mejores oportunidades de desarrollo para los miles de habitantes que viven en las zonas alejadas de la frontera, que experimentaron en el pasado un pasmoso desamparo de los gobiernos de turno.

Costa Rica, como democracia ejemplarizante del Continente, da otra lección a Nicaragua de cómo un país sin ejército, puede hacer valer sus derechos basándose en la justicia y no gastando exorbitantes presupuestos en mantener una clase militar, capaz de absorber el alimento a los pueblos y deteriorar la calidad de vida de sus habitantes, quienes tienen que buscar países vecinos para ser socorridos en salud, alimento, vivienda y educación, amén de los hamponatos políticos tan frecuentes en esa nación, sumida en la pobreza.

http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/46866
http://www.charlemoscr.com/?p=69
http://www.laprensa.com.ni/archivo/2009/julio/13/noticias/politica/337995.shtml

FRATERNALMENTE
Dr. LUIS ROMERO YAHUACHI
blary33@gmail.com

2 comentarios:

  1. Lamentable como hay países que se quieren adueñar de territorios de otros y tener el descaro de decir que tienen derechos... me pregunto que pasaría si nicaragua solicitara tener derechos en el río colorado?, apuesto que los ticos no verían del mismo modo los tan mencionados derechos...

    ResponderEliminar
  2. ESO NO AYUDARA PARA QUE NICARAGUA SIGA EN DESASRROLLO SE SUPONE QUE MAS BIEN HUBIERAN DE APOYAR,UN ACUERDO QUE BENEICIE A AMBOS Y NO SE TRATA DE DAR LECCIONES.COMO DICEN HUBIERAN DE PENSAR EN TODOS LOS HABITANTES DE NICARAGUA YA QUE ESTAMOS EN 3 LUGAR DE POBREZA...ESTO NO AYUD A NADA. ADEMAS VIOLAN LOS DERECHOS DEL CIUDADANO.

    ResponderEliminar